Durante el 2020 y lo que va de este año, el Sernac ha recibido más de cincuenta reclamos, donde los consumidores relatan que las automotoras les niegan la venta cuando indican que desean pagar en efectivo, vía transferencia o tarjeta de crédito y sólo acceden a la venta si se hace exclusivamente mediante un crédito automotriz otorgado por la propia empresa.
Ante la alta recuperación que tuvo el mercado automotriz en los últimos meses, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una serie de fiscalizaciones a empresas automotoras en todo el país. Esto, tras detectar a través de los reclamos y alertas ciudadanas de los consumidores “una serie de prácticas que podrían constituir infracciones a la Ley del Consumidor”.
Estas denuncias y fiscalizaciones son en relación a ventas atadas, retardos en la entrega de los vehículos y negativa a la venta si la persona no opta por un crédito ofrecido por la misma empresa. Ante tal situación, el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, explicó que a través de esta fiscalización buscan recabar los antecedentes necesarios para verificar si se trata de una práctica extendida y si se están vulnerando los derechos de los consumidores a la libre elección, entre otros.
Ejemplos de algunos reclamos al Sernac. “Hace tres meses estoy tratando de comprar un auto, pero me indican que no tienen disponibilidad, y cada vez que llegan embarques le da prioridad a las personas que compran a través de crédito, por lo que me discriminan por mi forma de pago”.
Otro caso, “Llevo meses tratando de comprar un vehículo nuevo, teniendo la plata en efectivo, pero me obligan a comprar a crédito, me niegan el pago en efectivo”. “Estamos buscando un auto nuevo, hemos llamado a diario a un par de automotoras, pero nos indican que sólo están vendiendo autos con financiamiento, negando la compra con otros medios de pagos, considerando que todos saben lo caro que sale comprar financiados por la misma automotora. Es abusivo y atenta contra la libertad de compra de los consumidores”.
Del Villar remarca que “las empresas no pueden condicionar una venta a la adquisición de un crédito que, además, por definición tiene un mayor costo. No puede existir excusa para que un consumidor no pueda pagar en efectivo por un producto”. En la misma línea, aclaró que un vehículo puede ser una herramienta de trabajo, por lo que dado el estado de excepción constitucional actual por la pandemia, “la ley sanciona especialmente a los comerciantes que incurran en ventas atadas o condicionen la venta a la adquisición de otros servicios o mercaderías”.
También se han recibido reclamos que indican que no se estarían respetando las fechas de entrega de los vehículos comprados o demorarían en la devolución del dinero de reservas anuladas. Respecto a esta situación, “puede haber razones externas que justifiquen la demora, pero debemos indagar sobre las razones objetivas de ello, y especialmente, cómo se le está informando al consumidor de estos retrasos. Si una empresa sabe de antemano que pueden existir demoras, debe comprometerse con plazos posibles de cumplir”, concluyó el director del Sernac.
La fiscalización incluirá a todo el mercado automotriz, para indagar estas y otras prácticas que pudieran estar afectando a los consumidores. La propia ley asegura a los consumidores el derecho a prepagar sus créditos en cualquier momento, incluidos los denominados créditos automotrices (o con garantía prendaria sobre el vehículo). Así como también a portarse libremente con dicho crédito a otra institución que le ofrezca mejores condiciones. Quedando así prohibida cualquier restricción o limitación a estos derechos que asisten a los consumidores financieros.
